
Las licitaciones y la manera como son diseñadas afectan seriamente el ejercicio de algunas de las actividades sujetas a esos procesos, supuestamente competitivos, y son un elemento clave para comunicarle o restarle transparencia a la función pública. La forma como las entidades oficiales que otorgan contratos mediante sistemas competitivos utilizan el diseño de las licitaciones para darles ventajas a determinados contratistas, para excluir a otros, o para no favorecer a nadie a priori, es un elemento clave de la transparencia de la gestión pública, y determina en buena medida el grado de corrupción y la eficiencia en los que se desarrollan ciertas actividades económicas.
Recientemente se ha discutido cómo las licitaciones del Gobierno para la construcción y el mantenimiento de infraestructura han obstaculizado el desarrollo de la infraestructura en Colombia, y han afectado el ejercicio y la eficiencia de la ingeniería colombiana. Uno de los aspectos más criticados del sistema vigente es que incentiva a las empresas a esmerarse en los aspectos legales más que en los técnicos, que fomenta el incumplimiento de las condiciones en las que originalmente se otorgan los contratos, y que torna la falta de escrúpulos en ventaja comparativa.
También se ha observado que los contratos se utilizan para premiar y fortalecer roscas de políticos o para pagar favores, lo cual conduce generalmente a mala calidad de las obras e ineficacia de la inversión pública. La posibilidad de cambiar el objeto de los contratos, después de haberlos adjudicado se presta para todo tipo de componendas y es uno de los peores defectos del sistema.
Por fuera del área de construcción de infraestructura también se diseñan mal las licitaciones, precisamente porque se utilizan como mecanismos para otorgar a dedo los contratos o las concesiones y no para prestar el mejor servicio ni para garantizar el menor precio o la transparencia en las reglas de juego. En la reciente adjudicación del contrato de asesoría financiera al Gobierno para la venta de las acciones de Isagén, las empresas que participaron se han quejado. En primer lugar, porque se favorecía a las empresas extranjeras sobre las nacionales. También, porque se cambiaron los pliegos, posiblemente para dejar entrar a un banco extranjero que a la postre no concursó y que no cumplía con los requisitos de experiencia originalmente concebidos.
Probablemente, esto no tiene consecuencias sobre la calidad de la asesoría finalmente adjudicada, pero dio lugar a suspicacias. El Gobierno estableció un precio fijo para la ejecución del contrato que a juicio de los participantes está muy por encima de lo que se hubiera obtenido con un diseño competitivo. Se va a gastar mucho más de lo que se necesitaba gastar y ha quedado un mal sabor entre los concursantes.
Si se lleva a cabo en la forma como se prevé en el borrador publicado por la Cntv esta semana, algo peor puede suceder en la adjudicación del tercer canal de televisión cuyos pliegos estoy analizando para un posible participante. El defecto principal del diseño de la licitación propuesta es que la selección se basa en dos componentes, uno de los cuales es precio, lo que está bien, pero el otro es una propuesta de programación.
En el momento de la selección, este último elemento puede favorecer al oferente que tiene el mayor poder para cambiar las condiciones después de que se haya ejecutado el contrato, que es el que el Gobierno quiere favorecer. Esto puede desanimar a los posibles concursantes, por ausencia de reglas claras, o inducir a todos a asumir ese riesgo, con lo cual las propuestas de programación se convertirían en una burla.
Rudolf Hommes
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